113 Ana Paredes Marín presarial, guiados por las premisas del mercado financiero y no por el bien común, ignorar la legislación de protección ambiental que permite construcciones inadecuadas con un profundo impacto en la Naturaleza, generando un aumento de las vulnerabilidades socioambientales, con fines de lucro. Así, las modificaciones provocadas por las empresas con el permiso de los estados, desconociendo las leyes de protección ambiental o incluso los derechos humanos, en algunos casos, terminan generando agudas sensibilidades ante los desastres. Definimos entonces a la sensibilidad como el grado en que el sistema es modificado o afectado por una perturbación – interna o externa – (Tomovic, 1963); y a la capacidad de respuesta como la habilidad del sistema para adaptarse a esta perturbación, y va de la mano de la resiliencia, la disponibilidad de reservas e información, de mecanismos de regulación interna, existencia de mecanismos de cooperación con otros sistemas. En el ciclo de los desastres es fundamental garantizar la capacidad de respuesta institucional en materia de preparación, mitigación y prevención del riesgo ex ante; de respuesta y contención durante el evento y aumentar la resiliencia ex post, de manera que nivela la capacidad de respuesta individual de la población. El desafío radica en convertir el ciclo en una espiral convergente, en que el aprendizaje de la respuesta en cada etapa lleve a disminuir de manera eficaz y eficiente la vulnerabilidad ante futuros desastres, reduciendo daños y el tiempo necesario para las tareas de recuperación. Ante la gran frecuencia e intensidad de fenómenos como los hidro-meteorológicos, especialmente relevantes en Centroamérica y El Caribe, la generación de capacidades de adaptación constituye una parte prioritaria de la planificación para el desarrollo; y más aún, se deberían alinear objetivos de los sistemas de protección social con las políticas de gestión del riesgo climático, con políticas sectoriales y actores de distintos niveles de gobierno para hace frente a las consecuencias de los diversos tipos de desastres (Bárcena et al., 2020). Se sabe que una gestión integral de riesgos ante desastres y emergencias evoca un trabajo ordenado entre diferentes actores. Por un lado, la sociedad civil organizada y las agencias nacionales e internacionales de ayuda humanitaria y, por otro lado, las autoridades y los aparatos y servicios del Estado Nacional en sus diferentes dimensiones juegan un
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