114 La corrupción en desastres y emergencias socioambientales en américa latina y caribe papel importante no sólo en su enfrentamiento directo, sino también en las medidas preventivas de estas situaciones. Es precisamente en este contexto de desastres que, debido a la demanda urgente de respuesta humanitaria, algunas legislaciones y espacios de control social se flexibilizan en nombre de una cierta agilidad de respuesta. Esta flexibilidad muchas veces abre oportunidades para acciones ilícitas, como desvío de recursos y otros elementos que aprovechan la relajación del control social para beneficios privados de ciertos operadores. Por lo tanto, la cooperación presenta una relación cíclica y sistémica con las entidades, pues inicialmente actúa en sus orígenes, flexibilizando leyes para construcciones irregulares o insostenibles que generan vulnerabilidades a las entidades y, a su vez, cuando tales fenómenos ocurren, los corruptos se aprovechan de la situación de emergencia, para lograr mayores ganancias, sin flexibilizar los niveles de control. Se comprende por corrupción "todo evento en el que se utiliza una posición de poder o influencia para desviar recursos (temporales, humanos, económicos, etc.) de la gestión pública hacia el beneficio privado" (Biderbost, 2016, p. 12). Uno de los grandes problemas de corrupción en América Latina es la dificultad que muchas veces tiene el Estado para encontrar y analizar el problema, ya sea porque el propio Estado está involucrado en la corrupción y no quiere hacerlo, o porque las empresas camuflan su información para eludir la supervisión adecuada. Finalmente, vale la pena mencionar que la corrupción intrínseca en las personas jurídicas de derecho público y privado lleva a cabo un gravísimo mal social, ya que las licitaciones están amañadas, se sobornan ficales o se malversan fondos, los instrumentos públicos de mantenimiento de la sociedad no permanecerán, o seguirán siendo "a pasos agigantados", como son los casos de los hospitales públicos brasileños o las escuelas públicas brasileñas (Fernandes, 2021, p. 11). Según una investigación de Transparencia Internacional (2020), los países de América Latina y el Caribe ocupan las primeras posiciones en el ranking mundial de corrupción, enfrentando sanciones de países con antecedentes de derechos humanos muy críticos como Sudán, Siria, Somalia, Afganistán, entre otros. Como ejemplo, en el conjunto de 180 países, Venezuela ocupa la posición 117, Guatemala la posición 150, México la posición 124, con excepciones siendo Uruguay ocupando la posición 18 y Chile ocupando la posición 27.
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