115 Ana Paredes Marín Parte de este preocupante escenario pode ser comprendido por las teorías de Shleifer y Vishny (1993) que tiene en cuenta la oferta y la demanda de bienes del gobierno por agentes privados, tanto a un precio normal que se ha de cobrar, como a un precio que incluye un soborno. Los autores argumentan que los países pobres prefieren gastar sus recursos en proyectos de infraestructura y defensa, que presentan mayores oportunidades de corrupción, que en mejoras en la educación y la salud. Este preocupante escenario de bases empíricas sobre la corrupción en América Latina y el Caribe contrasta con el conjunto de leyes y acuerdos ya firmados por los países en la lucha contra estos males, sabiendo que nuestro continente fue pionero en 1990 con la creación de la Convención Interamericana contra la corrupción y con la rúbrica de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. En los últimos veinte años, con el avance de las corporaciones multinacionales y la consolidación de un capitalismo financiero que profundizó la mercantilización de la Naturaleza, la racionalidad empresarial, adoptada como operadora del aparato público, muestra también una tendencia a flexibilizar las acciones y órganos de control e inspección, así como carencias en servicios básicos para las poblaciones más necesitadas; lo que termina generando mayor vulnerabilidad a estas personas ante desastres y emergencias. Incluso, en este contexto notamos un mayor déficit en la adopción y ratificación, por parte de los estados de nuestro continente frente acuerdos internacionales como al Acuerdo de Escazú, considerado una gran oportunidad para institucionalizar la transparencia, la democracia ambiental y la lucha contra la corrupción. El Acuerdo de Escazú, el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe, busca promover los derechos de acceso a la información, participación y justicia en temas ambientales. También es el primer tratado internacional que prevé mecanismos específicos para proteger a los defensores del medio ambiente. Y ese punto es especialmente importante porque nuestra región es la más violenta del mundo para este grupo. El Acuerdo se basa en cuatro pilares principales (Transparencia Internacional, 2021): • Participación social abierta e inclusiva, en todas las etapas de toma de decisiones, albergando a grupos vulnerables y afectados por actividades con impacto ambiental.
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