120 La corrupción en desastres y emergencias socioambientales en américa latina y caribe madamente 25 decretos legislativos que aprueban estados de calamidad pública asociados a desastres socioambientales de origen hidrometeorológico o geológico; esto sin tomar en cuenta los decretados en contexto de la COVID-19. Es importante evidenciar que estos mecanismos pueden ser aplicados en toda la República y no requieren una precisión y justificación territorial a la ocurrencia del desastre o evento social. Además, pueden existir prórrogas sin ninguna limitación establecida por ley. Dado que no se requieren medidas de auditoría y control para las compras, y no son requeridas las licitaciones públicas, en la mayoría de los casos la única medida de transparencia aplicada es la emisión de informes circunstanciados de entidades a las que el Ministerio de Finanzas Públicas asigna fondos para cubrir la emergencia. Se ha identificado que el uso de la calamidad pública ha permitido la compra por excepción de elementos esenciales como comida o medicinas, pero también ha permitido agilizar la asignación y construcción de infraestructura pública. Es en este ámbito cuando las compras o contrataciones son irregulares, opacas, sobrevaloradas, de mala calidad o asignadas a constructores para pagar favores políticos (Noriega, 2020). De forma reciente (2022), en los estados de calamidad decretados por el organismo ejecutivo y legislativo se ha integrado la publicación de licitaciones a través del Sistema de Guatecompras8 o bien, se resalta la obligatoriedad de aplicar el Protocolo de Constancia de Causa y Daño de la Coordinadora Nacional para la Reducción Desastres (Conred)i. Sin embargo, este tipo de énfasis resulta discrecional dado que no existe una reforma a la Ley de Orden Público que establezca obligatoriedad para aplicar medidas vigentes en pro de la transparencia en este periodo. Es importante resaltar que, en el 2018, basado en el Índice de Gestión de Riesgos para América Latina y el Caribe (INFORM-LAC)9, Guatemala fue el país no. 1 en la región latinoamericana con más 8 Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, administrado por el Ministerio de Finanzas Públicas, creado con el fin de garantizar mayor transparencia a las compras públicas (Guatecompras, 2013) 9 De acuerdo con Inform-Lac: este índice se construye por 1) el nivel de riesgo y exposición a diversos fenómenos consecuentes del impacto de tormentas, terremotos y deterioro ambiental, así como fenómenos vinculados a violencias. 2) Las vulnerabilidades en los territorios que implican categorías socio económicas y población vulnerable 3) La capacidad de respuesta institucional y de la infraestructura física como acceso a la misma (salud y educación).
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