121 Ana Paredes Marín riesgo a desastres y su consecuente crisis humanitarias. A pesar de esto, acciones para la prevención de riesgo no son aplicadas y prevalece la respuesta humanitaria o las acciones paliativas pues como lo resalta el ex Secretario Ejecutivo de la Conred Alejandro Maldonado: La prevención es invisible y no genera ningún aplauso ni mérito [...] mientras que la respuesta sí. A mí un presidente del Congreso me regañó porque llevé la ayuda a Coordinadoras Municipales y él quería que se les diera a los diputados del partido oficial [...] Maldonado apunta a que para evitar cada año resultado como los de ahora (desastres) se debe trabajar de forma conjunta en gestión integral de riesgo, reducción de la pobreza, desarrollo sostenible y cambio climático (Bin, 6 de noviembre 2022, Desastres parr. 2 y 7) Como se evidencia con el testimonio del funcionario público, la respuesta institucional es proclive a la malversación de fondos y permite agenciar redes clientelares locales. De esta cuenta, la política informal es una norma que prevalece en el régimen político actual y conlleva a que los programas de apoyo post impacto de eventos hidrometeorológicos o geológicos, no llegue necesariamente a quien más lo necesitan. Los datos históricos recopilados por la Conred, permiten identifican que en el periodo 2008-2022, se han registrado 289.593 eventos de desplazamiento forzado en contexto de tormentas y huracanes. En este mismo periodo, el reporte de casas dañadas asciende a más de 116.191 casos según la misma institución. Sin embargo, durante el periodo 2012-2020 únicamente han sido beneficiados con programas para mejoramiento de vivienda o reubicación 3.847 familias (Villagrán, Hernandez, Perez, Duarte, & Paredes, 2022). Estas cifras permiten evidenciar el poco acompañamiento y el gran número de desplazados que no han sido atendidos de forma debida. Es importante destacar que la política informal impacta la gestión del recurso público, porque provoca inequidades en la distribución del servicio. Además, facilita la apropiación indebida de bienes públicos que resultan esenciales para el desarrollo de la vida cotidiana de las poblaciones vulnerables, como se ha justificado en las líneas anteriores. De esta cuenta, el abandono institucional, la ocurrencia de la política informal en los casos donde el Estado sí interviene y la prevalencia de legislaciones que posibilitan la malversación de fondos, aumenta la vulnerabilidad de la población en el país de la región con mayor riego a sufrir desastres.
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