137 Marlene Castillo, Romulo Torres, Mary Nelys de Almeida y Adriano Luis Hahn En el contexto latinoamericano, un reciente estudio de opinión pública (Corporación Latinobarómetro, 2023) confirma que ha aumentado la desilusión: el apoyo a la democracia es del 48% y la insatisfacción del 69%, hay más insatisfechos que demócratas, existen insatisfechos indiferentes al tipo de régimen político, y aquellos que aceptarían el autoritarismo representan un 21% y son el contingente más abierto al populismo y el autoritarismo. Lo que se debería, entre otros, a la recurrente transgresión a las normas democráticas por las más altas autoridades de gobierno a su conveniencia, a la corrupción que doblega a las democracias (21 presidentes condenados de corrupción en 9 países), a las elecciones ganadas con dinero, en especial de una empresa (Odebrecht), que es una forma de denigrar la voluntad y la soberanía popular. En estos escenarios críticos y desafiantes para la democracia, los derechos humanos y la paz mundial, en medio de la crisis ecológica y social planetaria, la propia noción de ciudadanía dominante ha sido interpelada y rebasada. La problemática de lo ecológico-social representable en la agenda gubernamental del bien común, por su naturaleza planetaria, requiere un alcance global – la ciudadanía también. Más aún cuando esa crítica problemática está subrepresentada/subordinada al interés del crecimiento económico sin límite, de modo semejante también la representación política y las ciudadanías. Atendiendo a este déficit/vacío político crítico, surgieron cuestionamientos a la insuficiencia de las nociones dominantes de ciudadanía liberal y ciudadanía republicana. Así emergió la noción alternativa: una ciudadanía ética ecológica que responda al sentido, contenido y magnitud planetaria del bien común y cuyo espacio político referencial sea el espacio político ecológico que considere las asimetrías que conlleva la creciente globalización de las políticas, entre ellas las ambientales relativas a la conservación de la Tierra y a la prevención de catástrofes socio-ecológicas. A inicios de siglo, el concepto de ciudadanía ecológica fue desarrollada bajo la influencia de Andrew Dobson (2003), quien planteó que esta ciudadanía funciona en un nuevo espacio político: "la huella ecológica"; es decir, el impacto ecológico producido por las relaciones metabólicas entre los seres humanos individuales (y grupos de ellos) y su medio ambiente natural no humano, al producir y reproducir su vida diaria. Precisa que son las relaciones de injusticia socioambiental siste-
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