162 Conclusiones y recomendaciones Moviéndose dentro de un campo de conocimiento en construcción, donde no existe un consenso teórico sobre la consolidación de un concepto que abarque las perspectivas actuales de justicia ambiental, justicia social y justicia climática, el trabajo se centra en los ideales de Justicia Socioambiental, derivados de la perspectiva paradigmática de la Ecología Integral, que nos invita a superar las falsas dicotomías existentes en este campo y en estos conceptos bajo la máxima de que todo está interconectado. Esta Justicia Socioambiental, por lo tanto, busca garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano, combatiendo la corrupción y promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas, a través de los principios que conforman el derecho ambiental; pero lo vincula fuertemente a los Derechos Humanos y Sociales, además de allanar el camino para el análisis del reconocimiento de la personalidad jurídica de la Naturaleza para la creación de una cohesión social basada en la justicia con una perspectiva ampliada de dignidad y derechos, más allá de los seres humanos exclusivamente. Para ello, es necesario analizar el estado actual de la región en materia de corrupción y estado de derecho, es decir, establecer un perfil de la corrupción en temas ambientales y sociales en América Latina y el Caribe para continuar el análisis en relación con la justicia socioambiental. Se trata de un ejercicio particularmente complejo para realizarse en un territorio donde, en general, la corrupción se ha normalizado e incluso, en algunos países, se ha justificado, como una especie de fenómeno cultural natural. Existe, de hecho, una banalización cultural o normalización de la corrupción dentro de nuestras sociedades, pero esto no significa que sea innata o inherente a nuestras culturas y que no pueda ser erradicada. Debido a la multidimensionalidad del fenómeno, la corrupción no tiene una definición universalmente aceptada, como notamos a lo largo del primer capítulo. Esto dificulta el establecimiento y coordinación de estrategias para combatirlo. Sin embargo, uno de los aspectos más relevantes a la hora de luchar contra la corrupción es reconocer que hay que tener en cuenta la efectividad de las regulaciones en materia de transparencia y rendición de cuentas de los gobiernos y las empresas en materia ambiental y que se debe fomentar y ampliar mucho más la participación ciudadana. Esto, a su vez, implica que el Estado debe garantizar la efectividad de la gobernanza institucional bajo el entendido de que la re-
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