168 Conclusiones y recomendaciones la implementación de los frentes parlamentarios del medio ambiente, los derechos humanos y los Derechos de la Naturaleza en los ámbitos legislativos y la participación popular abierta con la consolidación de consejos participativos y el fortalecimiento de órganos de control de la corrupción y las ilegalidades socioambientales a nivel ejecutivo. No podemos dejar de considerar que tanto a nivel educativo básico, como a nivel académico, político, social y económico, debemos ampliar y garantizar los espacios de participación de las poblaciones originarias y tradicionales de nuestros países, a partir de una escucha, comprensión y absorción sensible y descolonizada de sus demandas en la estructuración de las políticas públicas, colocándolas como protagonistas, especialmente en lo que respecta a la demarcación y protección de sus tierras tradicionales. Estos pueblos y sus estilos de vida han demostrado ser la mayor salvaguardia contra el cambio climático con la que podemos contar en este momento. Se percibe que solo con la formación de una acción coordinada entre actores sociales, políticos y educativos podremos avanzar de manera históricamente efectiva y pragmática en la ruptura de la relación simbiótica que a veces se establece entre el medio ambiente y la corrupción en nuestras sociedades. Esto, en definitiva, debe manifestarse en la ratificación de acuerdos que fortalezcan la práctica de transparencia en las cuentas públicas y privadas de empresas y gobiernos vinculados a megaproyectos con impactos socioambientales, así como políticas públicas que apoyen y protejan efectivamente a las personas defensoras socioambientales. A partir de esta percepción, se hace un llamado a un compromiso unánime con los procesos de implementación del Acuerdo de Escazú en nuestros países, así como a la actualización de los derechos previstos en la Convención de las Américas, operada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para la adición al desarrollo progresivo de los derechos socioambientales con un enfoque prioritario en los procesos de corrupción. Los límites que debe imponer una sociedad sana, madura y soberana tienen que ver con la previsión y precaución, regulaciones adecuadas, vigilancia sobre la aplicación de las normas, lucha contra la corrupción, acciones de control operacional ante la aparición de efectos no deseados de los procesos productivos, y la provisión de intervención ante riesgos inciertos o potenciales (Papa Francisco, Laudato Si’, 2015, n. 177).
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