41 Lisamaría Santos Arroyo, Raúl Gutiérrez Patiño, Juan José Narciso, Fátima Aracely Peña y Elvin Hernández Rivera ra jurídica de Amsa, ex-directora administrativa y financiera de Amsa, ex-coordinador del proyecto de saneamiento del Lago de Amatitlán designado por M. Tarcic Engineering Limited. Resumen del caso: Integración de una estructura criminal con el propósito de obtener de manera ilegal la concesión de un proyecto para el supuesto saneamiento del Lago de Amatitlán, con el cual se estafó al Estado de Guatemala por Q22,830,030.00. Año del caso: 2014 El lago de Amatitlán, ubicado en el departamento de Guatemala, es un vital reservorio de agua para las futuras generaciones de la ciudad capital, el cual afronta problemas de contaminación hídrica, desechos sólidos y el azolvamiento, y en función a esta problemática se han desarrollado acciones que contribuyen a contrarrestar los efectos, tanto en la cuenca como en el lago de Amatitlán (Amsa, 2022). Bajo este contexto, el 28 de noviembre de 2014, el Gobierno de Guatemala adjudicó un contrato de saneamiento y limpieza del Lago de Amatitlán a la empresa israelí M. Tarcic Engineering Limited por Q137.8 millones, de los cuales más de Q22.8 millones fueron pagados para adquirir 23 mil litros de una fórmula que se utilizaría para el saneamiento dicho lago, la cual fue denominada, más adelante, como "fórmula o agüita mágica" por los diversos medios de comunicación nacional (García, 2019, 4 de septiembre). Cinco meses después, el 24 de abril de 2015, el Gobierno suspendió en definitiva el proyecto ante la oposición unánime de los científicos guatemaltecos, la prensa y los ciudadanos que expresaron su rechazo al proyecto al observar anomalías en el contrato de adjudicación y que los supuestos estudios que validaban la fórmula carecían del mínimo rigor científico (Escalón, 2015). Posteriormente, el caso fue llevado ante los tribunales de justicia nacional y, como resultado, se logró la condena de la ex-vicepresidenta de Guatemala, Ingrid Roxana Baldetti Elías, a 15 años y 6 meses de prisión, y a otras nueve personas con penas entre 3 y 13 años de cárcel, quienes fueron halladas culpables de integrar una estructura criminal cuyo propósito era obtener de manera ilegal la concesión de dicho proyecto (García, 2019, 4 de septiembre). De acuerdo con el tribunal, en el proceso se comprobó que: (1) la fórmula consistía en agua con sal, cloro y otras sustancias co-
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