75 José Laurindo de Souza Netto, Antonio Evangelista de Souza Netto y Flavia Jeanne Ferrari Los pasos de este ciclo incluyen la regulación, la revisión de técnicas y la consideración de deshacer lo ya hecho, el control y la aplicación eficientes para evitar fallas en este proceso, y la rendición de cuentas administrativa, buscando sanciones efectivas para disuadir futuras infracciones. Este enfoque holístico del Derecho de Desastres tiene como objetivo no solo reparar daños ya ocurridos, sino también anticipar y prevenir riesgos, generando una protección más eficaz para el futuro, considerando las dimensiones política, económica y social (Fachini, 2023). La implementación de estrategias legales efectivas requiere la participación de múltiples actores, incluidos los gobiernos, las organizaciones internacionales, la sociedad civil, el sector privado y las comunidades afectadas. 2.3 Dimensiones políticas y económicas de la Ley de Desastres En términos políticos, la ley de desastres abarca la creación de leyes y reglamentos, la asignación de recursos a infraestructura resiliente y sistemas de prevención, la coordinación entre diferentes niveles de gobierno y la colaboración internacional para abordar los desastres transfronterizos. Frente al abordaje político del Derecho de Desastres, Damacena (2017) reflexiona: La injusticia revelada por el desastre (consecuencia de la vulnerabilidad) en Brasil puede ser revertida por la aplicabilidad de las directrices normativas de varios textos legales, con énfasis en los que estructuran el Derecho Ambiental y el Derecho de Desastres, y por la planificación de políticas públicas y actuariales específicas, dirigidas en el respeto de los derechos y libertades fundamentales (Damacena, 2017, p 134). Antes de una breve consideración, el aspecto político del Derecho de Desastres implica la formulación de políticas públicas y estrategias de gobierno para prevenir, mitigar y gestionar los desastres. Esto incluye la creación de leyes y reglamentos que determinen lineamientos claros para la protección de la población y el medio ambiente. La dimensión política también es responsable de promover la coordinación entre las diferentes agencias gubernamentales
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