La educación jurídico ambiental aplicación de la Inteligencia Artificial en el proceso docente educativo 96 vivir o pleno vivir y cuyo contenido no es otra cosa que la ética -no la moral individual- que debe regir la acción del estado y conforme a la que también deben relacionarse las personas entre sí y en especial con la naturaleza [...]. No se trata del tradicional bien común reducido o limitado a los humanos, sino del bien de todo lo viviente, incluyendo por supuesto a los humanos, entre los que exige complementariedad y equilibrio, no siendo alcanzable individualmente…” La Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra (2010) de Bolivia, como respuesta de garantizar la sostenibilidad ambiental como reclamo de los pueblos originarios en América del Sur, dirigidos a la conservación de la Pachamama dentro del sumak kwasay, ponderado por Antúnez Sánchez y Díaz Ocampo (2018), Peña Chacón (2021). Implica la necesidad de construir un nuevo concepto de naturaleza desde lo teórico, desde lo interdisciplinario, que permita superar su imagen cosificada como res extensa instaurada por el derecho positivo moderno; de una naturaleza susceptible de ser manipulada, dominada, controlada, y explotada desde la didáctica ambiental. Se trata de sustituir los principios inconmovibles e inamovibles desde contenidos del Derecho Privado, proceso abierto al juego de valores e intereses sobre la conservación, uso y transformación de la naturaleza, con procedimientos jurídicos para dirimir conflictos de intereses contrapuestos y alcanzar un bien común basado en el reconocimiento de sus diferencias (Prado & García, 2004), (Sozzo, 2019). En el Caribe, el Acuerdo de Escazú (2018), da respuesta a la compleja problemática que afronta en materia de protección ambiental, sienta pautas con desafíos y riesgos para quienes de manera personal o colectiva alzan su voz en contra de las acciones derivadas de modelos de desarrollo económico no sostenible. La negociación del Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo desde el 2015-2018, para invitar a los países a cooperar y a formar alianzas capaces de promover la gobernanza ambiental en la región La Defensoría del Pueblo “Ombudsman” tiene un papel preponderante como defensor ambiental junto a la sociedad civil -organizaciones no gubernamentales- (ONG). Concibe la participación de la sociedad civil y público en general con la “democracia ambiental” (Peña Chacón, 2018), (Nalegach y Aztrosa, 2019), (Castillo, 2020), y (Barcenas, et al 2021)
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